PATRIAS

La batalla por Venezuela* Tony Wood

 

*Publicado originalmente en London Review of Books, Vol. 41, Núm. 4, 21 de febrero de 2019.

 

 

El 23 de enero—aniversario de una revuelta que derrocó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958—, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se declaró presidente interino del país. La crisis, empero, se ha venido gestando por largo tiempo. La mayoría de la oposición venezolana boicoteó las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de mayo, en las que Nicolás Maduro se había postulado para un segundo término, y se negó a reconocer su victoria o la legitimidad de su nuevo término. A pocas horas del anuncio de Guaidó, en cambio, los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Colombia, entre otros estados del hemisferio occidental, lo habían reconocido como presidente de Venezuela. Dos semanas después, sin embargo, Maduro permanece en Miraflores, y no está claro si estamos siendo testigos del primer cambio de régimen bajo Trump o de un golpe fallido.

 

No cabe duda de la magnitud del desastre económico y social que está sufriendo Venezuela. Acosada por una inflación de cinco dígitos, por la escasez de alimentos y por el aumento de la pobreza y el desempleo, la economía se contrajo más de un tercio entre 2013 y 2018, y no ha dejado de contraerse desde entonces. Ello ha barrido con los logros reales obtenidos por la mayoría de la población entre mediados de la década de 2000 y la época en que Maduro sucedió a Hugo Chávez como presidente en abril de 2013. Ha habido una ola de emigración que abarca todo el espectro social: para noviembre de 2018, según estimaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hasta tres millones de personas habían abandonado el país, de las cuales el 80 por ciento se encontraban dispersas por toda América Latina y el Caribe.

 

Tampoco hay duda de que Maduro no ha sabido resolver esta crisis. Obstruido por el estrecho margen con que ganó su mandato en 2013 (1,5 por ciento), Maduro ha gobernado con una combinación de bravata y represión, aferrándose a una desastrosa política cambiaria, a pesar de que esa política estaba empeorando visiblemente las cosas para la mayoría de la población. Frustrado por una Asamblea Nacional controlada por la oposición, adoptó medidas agresivas y contraproducentes contra la Asamblea, llegando incluso a decretar su disolución en 2017, aunque, como podemos ver, esta ha seguido funcionando. Pero también es cierto que, económicamente, cualquier otro dirigente venezolano se habría visto debilitado por la caída de los precios mundiales del petróleo que comenzó a mediados de 2014. Los efectos de esa situación se vieron agravados por las sanciones estadounidenses iniciadas por Obama, quien en marzo de 2015 declaró que Venezuela constituía una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de los Estados Unidos; bajo Trump, esas sanciones se han ampliado varias veces.

 

No obstante, la intransigencia de Maduro ha sido más que igualada por la de la oposición. Sus líderes están fervientemente decididos a derrocar el chavismo, movidos por un odio visceral que a menudo viene acompañado de una fuerte dosis de racismo. Los primeros desafíos directos al gobierno de Maduro datan de principios de 2014, con una serie de protestas, las guarimbas, lideradas principalmente por la clase media y los estudiantes. Luego, en diciembre de 2015, la oposición se hizo con el control de la Asamblea Nacional: por primera vez era mayoría en ese órgano desde que Chávez asumiera el poder en 1999. Con ello se llegó a un punto muerto institucional que perdura hasta el día de hoy: los chavistas están a cargo del ejecutivo y —desde que Maduro designó una nueva corte suprema en 2015—del poder judicial; pero la legislatura está en manos de la oposición, y esta se niega a reconocer la autoridad de las otras dos ramas del gobierno. Es este impasse el que la oposición se ha propuesto romper ahora, auxiliada por una enorme presión externa sobre Maduro.

 

La oposición venezolana es una inestable alianza de diferentes tendencias, pero en los últimos años ha estado dominada por sus componentes más vociferantes de derecha. Su obsesiva fijación en la eliminación de Maduro se ha extendido al resto de la oposición. Incluso 'moderados' como el exministro de planificación Ricardo Hausmann han comenzado a pedir abiertamente una intervención militar estadounidense. Durante la campaña electoral brasileña del año pasado, Jair Bolsonaro insinuó la posibilidad de una acción militar en Venezuela; tras la victoria de Bolsonaro, el partido de Guaidó, Voluntad Popular, lo felicitó y expresó su esperanza de que Bolsonaro ayudara a "rescatar la libertad y la democracia en Venezuela". Voluntad Popular es un partido pequeño, con sólo 14 de 167 escaños, pero en enero asumió la presidencia de la Asamblea, en virtud de un sistema de rotación diseñado para poner freno a las luchas intestinas dentro de la oposición.

 

Ello puso a Guaidó en primera línea. Guaidó, de 35 años, estudió en Washington D.C., pero alcanzó la mayoría de edad política durante las protestas escenificadas contra Chávez en 2007. Aunque desde su auto unción ha sido ampliamente celebrado en la prensa occidental, Guaidó no era muy conocido en Venezuela antes del 23 de enero, e incluso hoy no está claro cuánto apoyo podría atraer personalmente. Lo mismo puede decirse de la oposición en su conjunto. A menudo la oposición ha boicoteado elecciones que era improbable que ganara, prefiriendo impugnar el proceso democrático. A veces la oposición ha adoptado esa postura de rechazo incluso cuando ha ganado en las elecciones: en octubre de 2017, la oposición obtuvo cinco de las 23 gubernaturas estatales, pero les dijo a sus candidatos que no tomaran el juramento al cargo (cuatro de ellos desobedecieron la orden). En las elecciones presidenciales de 2018, una parte de la oposición apoyó a Henri Falcón, exgobernador del estado de Lara, quien en 2010 había roto con Chávez, pero el resto decidió boicotear los comicios. Maduro obtuvo el 68 por ciento de los votos, con una participación del 46 por ciento, más o menos a la par con el curso democrático en los Estados Unidos, pero aun así una cifra baja para los estándares venezolanos.

 

El reclamo del poder por Guaidó se basa en la idea de que, al haber sido inválida esa votación, no sólo Maduro no es el presidente legítimo, sino que, según una Ley de Transición que la oposición dio a conocer el 8 de enero, no hay presidente. Constitucionalmente, se pisa con ello terreno movedizo. El artículo 233 de la constitución venezolana de 1999 especifica las circunstancias bajo las cuales un presidente puede ser reemplazado: muerte, renuncia, destitución por la corte suprema, incapacidad física o mental, abandono del cargo. La Asamblea Nacional tiene una función de supervisión que desempeñar en cada uno de esos escenarios, pero en ningún lugar de la constitución se dice que la legislatura puede reclamar por sí misma el poder ejecutivo. De ahí que, en cambio, la oposición cite el artículo 333, disposición que exhorta a los ciudadanos a ayudar a restablecer el orden constitucional en caso de que sea derogado por un acto de fuerza. En otras palabras, la oposición afirma que la constitución ya no es válida, pero que en el "estado de excepción" resultante la Asamblea Nacional está facultada para ponerla en vigor una vez más, tan pronto como Maduro —a quien llama "usurpador"— sea depuesto. Otro detalle significativo: el artículo 233 exige que se celebren nuevas elecciones en un plazo de treinta días, pero la Ley de Transición de la oposición no establece ningún compromiso específico a ese respecto.

 

La Ley de Transición tampoco abunda en detalles sobre el programa de la oposición para gobernar Venezuela, aunque sus contornos resultan claros: el "modelo centralizado de control económico será reemplazado por un modelo de libertad y mercados"; los programas sociales chavistas serán reemplazados por subsidios directos (es decir, monetarios); "las empresas públicas pasarán por un proceso de reestructuración… incluyendo acuerdos público-privados" (es decir, privatizaciones). Lo que se promete es un retorno a la sabiduría neoliberal convencional de los años 90 —precisamente el conjunto de políticas que produjeron miseria en Venezuela y que, para empezar, catapultaron a Chávez al poder.

 

Lo que está en juego aquí es el destino no sólo de Maduro, sino de todo el modelo bolivariano. No es casual que esto ocurra en un momento en que la derecha hace alarde de fuerza en toda América Latina; el afán con el que fuerzas de fuera de Venezuela están tratando de dar al traste con el chavismo es demasiado evidente. La presión sobre Maduro ha sido intensificada por el Grupo de Lima, establecido en agosto de 2017 específicamente para trabajar con la oposición venezolana a fin de encontrar una "solución" a la crisis. El Grupo de Lima está compuesto por 12 países, todos del hemisferio occidental y gobernados predominantemente por partidos de derecha. Que cualquier autoproclamado órgano externo tenga voz en los asuntos de ningún país en particular es ya de por sí suficientemente nefasto; pero las credenciales de esta junta ad hoc para pronunciarse sobre la democracia en Venezuela son patéticas. En el poco tiempo transcurrido desde su fundación, dos de sus Estados miembros han sido gobernados por presidentes no electos (Brasil y Perú); el presidente de uno de ellos fue reelegido en elecciones fraudulentas en 2017 (Honduras); otro está bajo investigación de las Naciones Unidas por corrupción (Guatemala); uno de ellos ha sido investigado por la DEA por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas (Paraguay); y no hay que olvidar a Colombia, donde los grupos paramilitares asesinan rutinariamente a sindicalistas y donde, según las cifras de 2018 del ACNUR, hay casi ocho millones de personas desplazadas internamente. (Aunque México estuvo entre los fundadores del Grupo de Lima bajo la presidencia de Peña Nieto, hay que decir a su favor que se ha distanciado del Grupo desde que López Obrador llegó al poder.)

 

En su declaración de fundación, el Grupo de Lima afirmó su pleno apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela. El 4 de enero de este año, aumentó la apuesta, al declarar que si a la semana siguiente Maduro asumía el cargo para un segundo término, lo consideraría un usurpador, y no es mera coincidencia que haya empleado la misma terminología que la oposición venezolana. Dos días después, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, puso en marcha efectivamente el reloj del cambio de régimen, citando la "importante responsabilidad constitucional de Guaidó de iniciar la urgente transición de Venezuela hacia la democracia".

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